Reales atarazanas de Sevila

Urbanismo falla contra las Atarazanas

Batalla jurídica de las Atarazanas

Los conservacionistas han perdido la primera batalla jurídica de las Atarazanas. Los técnicos de Urbanismo han desestimado los dos recursos de alzada que presentaron Adepa y la Fundación Atarazanas contra el proyecto del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para recuperar los antiguos astilleros medievales de Sevilla.

Según los técnicos, que basan su análisis en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los argumentos de ambas entidades contra la licencia de obras otorgada en diciembre, y que está plenamente en vigor, no pueden ser tenidos en consideración, como reclaman los conservacionistas, porque «no acreditan ni documentan» técnicamente las supuestas irregularidades que llevan denunciando en público desde enero. Además, según uno de los informes, colisionan con el «interés público».

Reales atarazanas
Interior de las Reales Atarazanas de Sevilla.

Esta resolución no impide que ambas asociaciones presenten en los tribunales un contencioso-administrativo contra la licencia, pero sí siembra serias dudas sobre su viabilidad al poner encima de la mesa los criterios jurídicos del Ayuntamiento para permitir la intervención en las Atarazanas. Sus fundamentos son jurídicos y urbanísticos. De la primera cuestión trata el informe sobre el recurso de la Fundación Atarazanas, que recuerda el principio de «eficacia de la actuación administrativa» que implica «la presunción de legalidad de un acto administrativo» y su «ejecutividad»; en este caso, la de la licencia.

Las atarazanas de interés público

Amparándose en la jurisprudencia del Supremo (STS 1990/101), los técnicos municipales estiman que la suspensión de la licencia es inviable porque supondría «un claro perjuicio para el interés público», ya que éste, según el Supremo, obliga a la ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística. La Fundación Atarazanas alegaba hipotéticos daños patrimoniales sobre el edificio que «no se acreditan ni se documentan». La falta de consistencia argumental del recurso es la causa de su desestimación en la vía administrativa ordinaria.

Urbanismo considera que el proyecto de Vázquez Consuegra es legal. Los argumentos urbanísticos que amparan la licencia se exponen en el informe al recurso de Adepa, que sostenía que se incumplía el PGOU. Los técnicos rechazan la interpretación del Plan General de la entidad conservacionista recordando que el hecho de que un edificio tenga un grado de protección integral no significa que no pueda cambiar de uso, sobre todo si se dedica a equipamiento cultural, que es la calificación urbanística de las Atarazanas en el PGOU. Adepa también argumentaba en su recurso que la protección patrimonial de las Atarazanas impide obras distintas a la conservación y aseguraba -sin dar datos concretos- que el proyecto de Vázquez Consuegra amplía la superficie edificada. Los técnicos municipales dicen que la sustitución de las instalaciones antiguas de un edificio no es incompatible con el respeto patrimonial, ya que los nuevos elementos [de la intervención] se sitúan en los vanos existentes y con elementos adosados a las pilastras, «independientemente de la composición de la estructura actual». «Dotar a un edificio público de las condiciones de accesibilidad a las que obliga una norma sectorial no puede ser considerada nunca una obra de ampliación».

La supuesta ampliación del edificio, en realidad, no es tal. Adepa no llega a cuantificarla en su recurso. Los técnicos sí lo hacen y demuestran con datos objetivos que la intervención propuesta suma 13.208 metros cuadrados, una edificabilidad que es inferior a la actual superficie construida (13.609 metros cuadrados). Al no haber incremento alguno de edificabilidad, no se tiene en pie otro de los argumentos de Adepa: es necesario un Plan Especial. Urbanismo considera que al no incrementarse la superficie edificada no hay ampliación, en contra de lo que dice la entidad conservacionista, cuyo recurso de alzada fue desestimado el 21 de marzo, hace más de un mes. Adepa no ha informado de esta resolución.

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